En el documento advierten que Duque gobierna por decreto, sin control político al amparo de la emergencia por la crisis sanitaria, económica y social que afecta gravemente el estado de derecho.
Durante esta etapa de la pandemia, el Gobierno adoptó normas de orden público que limitan derechos fundamentales y escapan al control constitucional expedito, subraya el manifiesto.
Asimismo, señala que las facultades extraordinarias se utilizan para profundizar las brechas de desigualdad social y para discriminar grupos de personas.
Recuerdan que desde la Constitución de 1991, en 29 años, los gobiernos expidieron 270 decretos en estados de excepción, pero el actual, en sólo 60 días, expidió 164 decretos excepcionales.
La administración de Duque incorporó al ordenamiento jurídico leyes sin deliberación democrática en materia laboral, crediticia, comercial, de pensiones, bienes, familia, rentas y tributos, algunas sin relación con el manejo de la pandemia, revelan.
Se habilitó para vender empresas públicas estratégicas y en solo 100 días comprometió una suma billonaria, sin presentar cuentas claras de la inversión de esos recursos, puntualizan.
«Ante esta crisis multidimensional (…) el Congreso ha sido confinado en una plataforma tecnológica que da la apariencia de normalidad, pero que en la práctica anula el control político, elimina las garantías para la oposición y los independientes e impide la construcción de soluciones en la hora más difícil de la Nación», subrayan.
Alertan que la concentración de poder en el Ejecutivo puede empeorar ante la inminente elección de quienes estarán a la cabeza de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y de las nuevas mesas directivas del Congreso, que se haría por medio de la plataforma tecnológica que elimina el derecho constitucional al voto secreto.
Con el estado de emergencia, el gobierno también pretende ocultar las denuncias sobre la financiación de la última campaña presidencial y los vínculos con el narcotráfico, recalca el texto.
De igual manera, busca silenciar el incremento del asesinato de líderes sociales y exguerilleros, así como las denuncias de corrupción y violencia sexual que involucran a miembros del Ejército, y los constantes ataques contra el proceso de paz, son otros elementos que pretenden ocultar, añaden.
Llaman por medio del manifiesto a la ciudadanía a reclamar la plena vigencia de la Constitución, a restablecer el equilibrio pleno de los poderes públicos, que el Congreso ejerza en forma presencial, no menoscabar la gestión de las autoridades locales y exigir respeto a la participación ciudadana, libertades y derechos fundamentales.
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