El próximo jueves el país sudamericano celebrará el aniversario 195 de su Independencia y se espera Áñez ofrezca un discurso en la ciudad de Sucre (capital constitucional) cuyo contenido pone en entredicho Salvatierra a causa de la crisis económica política y social que atraviesa el país.
En la red social Twitter la legisladora señaló que en los nueve meses de gestión del Gobierno de facto han muerto más de tres mil bolivianos por diferentes causas, en especial una treintena como resultado de la represión de policías y militares. También hizo referencia a los fallecidos por la Covid-19 (tres mil 153 decesos reportados por el Ministerio de Salud) y apunta entra las causas a la mala gestión de la situación sanitaria por parte de la autoridades.
Bajo la interrogante de “¿qué podría decirle Áñez al país un 6 de agosto?”, la senadora destacó que su administración pone en peligro la educación al cerrar anticipadamente el curso escolar, sin ofrecer alternativas para que casi tres millones de estudiantes culminen sus estudios.
También sobre la educación agregó que políticas erradas del ejecutivo de Áñez ponen en peligro la existencia de las universidades pública del país por falta de ingresos.
Salvatierra se refirió al ámbito económico y enfatizó en el mal manejo de los recursos del Estado como el uso del 13,7 por ciento (cinco mil 800 millones de dólares) del Producto Interno Bruto (PIB) para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus.
A pesar del monto Bolivia reporta más de mil nuevos casos por día y la cifra de muertes alcanzó un nuevo record con 89 decesos la víspera.
La senadora por el MAS recordó, además, datos del Banco Mundial que estiman el país sudamericano sufrirá una contracción de 6 al 8 por ciento de su PIB al término del 2020.
La gestión del Gobierno de facto en los diferentes ámbitos es objeto de críticas por parte de opositores políticos, organizaciones y movimientos sociales, y analistas.
Expertos recuerdan que la administración de Áñez fue constituida y reconocida bajo el mandato de convocar a nuevas elecciones tras el golpe de Estado que obligó a dimitir al presidente Evo Morales en noviembre de 2019.
Desde entonces Áñez y su gabinete han sido acusados en más de una ocasión de abuso de poder, violentar las leyes e incumplir con lo establecido para un Gobierno de transición.
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