El miércoles, arrancó la campaña electoral para un hecho que marcará el rumbo de Chile en las próximas décadas, en un escenario inédito dibujado por la pandemia de Covid-19, por lo cual la labor proselitista va cargando la mano en la propaganda a través de redes sociales, prensa y puerta a puerta, sin actos masivos, prohibidos por las medidas contra la Covid-19.
En el plebiscito, convocado para el domingo 25 de octubre, los votantes deberán elegir si desean una nueva carta magna para el país o mantienen la vigente, impuesta en época de la dictadura de Augusto Pinochet, que sentó las bases de un modelo neoliberal rechazado por millones de ciudadanos durante las protestas iniciadas el 18 de octubre de 2019.
Las fuerzas políticas y sociales formaron en los últimos meses comandos de campaña, con varios de ellos que optan por el Apruebo, formados por partidos de oposición y organizaciones sociales, mientras el Rechazo nuclea a los partidos de la coalición de gobierno, aunque una parte de sus miembros también son partidarios del Apruebo.
Las encuestas indican que más del 70 por ciento de la población se inclina por el cambio, y el interés nacional por este acontecimiento se refleja en que en un país caracterizado por el alto abstencionismo en las elecciones, la gran mayoría hoy asegura que irá a votar.
En tanto, el jueves, poderosos gremios de transportistas iniciaron un paro indefinido con la amenaza de desabastecer al país y con el cual pretenden presionar al Congreso a aprobar con urgencia un paquete de 13 proyectos de ley que levantan resquemor en sectores sociales y de oposición por el carácter represivo de algunos.
También exigen al gobierno y a la Fiscalía actuar con mayor dureza para contener los hechos de violencia en las carreteras del país, sobre todo en vías del centro y el sur.
Aunque hasta el presidente Sebastián Piñera ha dicho que no permitirá tomas de carreteras ni interrupción de suministros a las ciudades, la respuesta del gobierno al paro ha sido ambigua, pues mientras dice rechazar las presiones justifica la acción de los transportistas.
Desde la oposición critican por igual la tibieza del gobierno como la irresponsabilidad de los gremios de amenazar con el desabastecimiento en medio de la emergencia sanitaria.
La protesta también ha ocupado las redes sociales, donde unos defienden “el derecho a trabajar” que enarbolan los transportistas, y otros muchos le critican tener intenciones desestabilizadoras y recuerdan sus vínculos con la extrema derecha.
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