«Nuevo ridículo para Ecuador, pero, por supuesto, habrá que gastar nuevamente en abogados, limitaciones de viajes, etc. Así buscan quebrarnos», afirmó Correa sobre el pedido, extendido a otros 14 condenados en el caso por supuestos aportes de empresarios para financiar proselitismo del oficialista Alianza PAIS de 2012 a 2016, lo cual fue rechazado por los investigados.
La causa, para muchos una trama a fin de inhabilitar políticamente al exgobernante, se desarrolló en medio de irregularidades denunciadas por las respectivas defensas y terminó con el rechazo de un tribunal al recurso de casación, resuelto en tiempo récord teniendo en cuenta los lapsos usuales de una diligencia de ese tipo en esta nación andina.
En su primera reacción a la solicitud, el exmandatario, sentenciado a ocho años, también tachó de «corrupto completo» al juez Iván León, denunciado por presuntas conversaciones con la secretaria de la Fiscalía, Martha Caiza, previo a la emisión de la sentencia, por cohecho agravado en el caso.
Asimismo, instó a revisar el sitio justiciaamarrada.org, para conocer los datos sobre los supuestos amarres con la Fiscalía, en los cuales se basó la denuncia contra León.
En el Caso Sobornos 2012-2016 también fueron penalizados con prisión el exvicemandatario Jorge Glas, Alexis Mera, quien fungió como secretario jurídico de la presidencia y otros funcionarios de la gestión presidencial de Rafael Correa, así como cerca de una decena de empresarios.
Anteriormente, la justicia ecuatoriana solicitó notificación roja contra el exdignatario en dos ocasiones y ambas fueron rechazadas por la Interpol, por considerar que el pedido tenía motivos políticos.
Organizaciones sociales y políticas desde Ecuador y en el exterior calificaron el caso de «lawfare» o guerra jurídica, mientras algunos letrados coincidieron en que careció de fundamentos.
Sobornos derivó en el rechazo internacional de quienes lo ubican en el marco de la judicialización de la política y persecución desatada contra otros líderes latinoamericanos como los expresidentes Luis Inacio Lula da Silva (Brasil), Cristina Fernández (Argentina) y Evo Morales (Bolivia).
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