La decisión unánime declara fundamentados los cargos contra Chávarry, de mentir sobre sus conversaciones con el llamado jefe de la red de corrupción, el exjuez de la Corte Suprema César Hinostroza, actualmente en proceso de extradición en España.
También recibió la sanción por deslacrar en diciembre de 2018 una oficina bloqueada por el fiscal Anticorrupción José Pérez, en una investigación sobre la posible protección de Chávarry a la dirigente política neoliberal Keiko Fujimori, indagada por lavado de activos y otros delitos.
Personal de confianza de Chávarry retiró de la oficina deslacrada documentos con probable información sobre sus relaciones con Fujimori y los hizo desaparecer.
Otro cargo que motivó la sanción al entonces fiscal de la Nación fue el de convocar a su despacho a un asesor del Parlamento vinculado al partido fujimorista Fuerza Popular, incluido en la investigación a su jefa.
Además de ello, Chávarry relevó en diciembre de 2018 de esa y otras pesquisas importantes a los fiscales Pérez y Rafael Vela, lo cual motivó protestas y rechazo interno en el Ministerio Público, por lo que se vio obligado a renunciar.
El personaje continuó como uno de los cinco fiscales supremos hasta que en agosto de 2020 el Poder Judicial lo suspendió por 18 meses, sanción que el mes pasado redujo a 11 una sala de la Corte Suprema, ante una apelación del sancionado.
El dirigente progresista Álvaro Campana saludó la decisión de la JNJ y recordó que ‘las mafias políticas y económicas capturaron el Estado en todos sus niveles y sectores’.
‘La destitución de Chavarry por la JNJ es un gran paso para derrotarlas, pero siguen haciendo falta cambios que impidan que estas se sigan formando y reproduciendo’, advirtió.
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