En un comunicado, la alianza fundada en 2019 de la que forman parte casi 50 personalidades de 17 países, ratificó su solidaridad con todos los que siguen luchando por la defensa de la democracia y la justicia social.
Desde Clajud, del que forman parte destacados juristas de la región, lamentaron las violaciones contra los derechos políticos y participación democrática en los procesos electorales en Latinoamérica que sufren líderes progresistas.
‘La persecución por medios legales y comunicacionales se constituye en una guerra jurídica (lawfare) para desestabilizar a liderazgos y partidos políticos progresistas a través de la macula de las biografías e imágenes públicas de los candidatos’, subraya un comunicado.
Esto también se da, añade, por medio de condenas judiciales anticipadas en procesos que claramente no han respectado las garantías del debido proceso legal y de la presunción de inocencia.
Para los miembros de Clajud, la ofensiva jurídico-política y mediática reemplaza las estrategias militares a impedir pretensiones políticas o proyectos progresistas por intermedio del uso anómalo del derecho procesal penal y/o del derecho electoral.
El fin último, precisa el comunicado, es neutralizar o eliminar el derecho democrático a la participación política.
‘Las guerras jurídicas afectan la normalidad democrática, atacan los proyectos soberanos e de integración en nuestra región y sugieren que América Latina vive una ofensiva estratégica por el uso indebido del derecho contra su elementar derecho a la autodeterminación económica, política y social’, concluye el texto.
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