El tribunal sentenció a 15 años de cárcel a los exmilitares Eduardo Arriagada, Sergio Rosende, Joaquín Larraín y Jaime Fuenzalida por los homicidios consumados de Víctor Corvalán y Héctor Walter Pacheco.
También, por los homicidios frustrados de Guillermo Rodríguez, Ricardo Antonio Aguilera, Elizardo Enrique Aguilera, Adalberto Muñoz y Rafael Enrique Garrido.
El entonces alcaide de esa prisión, Ronald Bennett, fue condenado a 10 años tras las rejas por su complicidad en los hechos, consistentes en el envenenamiento de los reos con la toxina botulímica, en diciembre de 1981, en lo que se calificó de ‘una operación especial de inteligencia’.
El fallo establece que se trata de delitos de lesa humanidad, y por lo tanto, imprescriptibles y sin amnistía, de acuerdo con el Derecho Penal Internacional sobre Derechos Humanos.
Asimismo puntualiza que tal actuación formaba parte de una política de Estado sistemática y generalizada, practicada por sus agentes contra parte de la población civil, y que ocasionó graves daños a las víctimas, dos de las cuales fallecieron y las otras cinco se salvaron gracias a la adopción de medidas terapéuticas oportunas.
Durante la investigación del caso se estableció que el veneno fue obtenido en un laboratorio de Brasil, enviado por valija diplomática a Chile, recibido en la Cancillería y luego entregado a un laboratorio secreto dependiente de la Dirección de Inteligencia del Ejército.
La sustancia fue administrada en los alimentos a los presos, cinco de los cuales pertenecían al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y aunque estos fueron llevados a la enfermería de la prisión para ser atendidos por el envenenamiento, fueron retornados a sus celdas al diagnosticarle solo una gastritis aguda.
El fallo ratificó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de 950 millones de pesos (cerca de un millón 300 mil dólares) a las familias de la víctimas.
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