El citado organismo sostuvo que la denominada ‘Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros’ afecta el proceso de inclusión financiera y es inconstitucional.
La norma dispone que el Banco Central de Reserva (emisor y regulador) fije tasas máximas de interés a los bancos y ‘resulta perjudicial para la estabilidad del sistema financiero y la protección del ahorro de los depositantes’, añadió.
Los argumentos de la cartera de Economía y Finanzas coinciden en buena medida con los planteados por el presidente de la Asociación de Bancos, Martín Naranjo, quien horas antes pidió que el gobierno revise la ley.
La norma recibe críticas también desde otras ópticas, pues la consideran demagógica por ser producto de intereses políticos y electorales.
Economistas como Pedro Francke, sin embargo, sostienen que las tasas de interés a cobrar por los bancos son excesivas y Perú es el país de América Latina en el cual los bancos cobran mayores intereses y obtienen más utilidades.
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