Esta propuesta se financiará con fondos del Estado, y podría contar con mil 500 millones de euros con Action Logement, que es el organismo que gestiona el dinero público y los interlocutores sociales en materia de vivienda, dijo.
La responsable consideró que ‘el plan de recuperación para 2021-2022 sea una oportunidad para ponerse al día’, tras el fracaso del pasado año que únicamente se construyeron 90 mil viviendas sociales, ‘menos de nuestros objetivos’, aseguró.
Wargon lanzó un llamamiento a las organizaciones sociales implicadas en estos programas a y las autoridades locales para que se impliquen en una iniciativa que se dirigirá a los ‘empleados que ganan menos de mil 500 euros netos ‘ al mes, y que constituyen una décima parte de la población francesa.
Por su parte el probable candidato del partido ecologista EELV, para las elecciones presidenciales de 2022, Yannick Jadot, pidió a la ministra elevar el umbral mínimo de las viviendas sociales hasta el 30 por ciento en las ciudades donde la oferta es insuficiente.
Jadot recordó que desde el año 2000, la ley en Francia obliga a los municipios de más de tres mil 500 habitantes a disponer de un 20 por ciento de viviendas sociales (en régimen de alquiler) de aquí a 2025, porcentaje que se elevó al 25 por ciento en 2014.
Sin embargo, un informe gubernamental publicado a finales de enero mostró que de los mil municipios sujetos a la obligación de crear viviendas sociales, cerca de la mitad no alcanzaron sus objetivos entre 2017 y 2019.
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