La Comisión de Ética del Parlamento acordó investigar a los diputados centristas Alberto de Belaúnde, por difundir una lista de desaparecidos durante la represión a las protestas de noviembre, todos los cuales reaparecieron; y Daniel Olivares, por confesar públicamente que era fumador de marihuana.
Ambos rechazaron la medida y denunciaron que se trata de una venganza de la mayoría congresal conservadora por la posición contraria a esta que mantuvo su Partido Morado durante la crisis de noviembre.
Belaúnde señaló que solo difundió, cumpliendo su deber como parlamentario, la lista de presuntos desaparecidos durante las protestas, elaborada por la Coordinadora de Derechos Humanos, que recogió denuncias de familiares.
De acuerdo con Olivares, los legisladores que aprobaron investigarlo a él y a Belaúnde pertenecen a la coalición que en noviembre pasado desató la crisis política al destituir al presidente Martín Vizcarra.
‘¿Venganza, intimidación? Nosotros seguimos chambeando (trabajando) en cosas que sí son útiles para ustedes’, señaló dirigiéndose a los ciudadanos.
La mayoría congresal conservadora, al destituir en noviembre de 2019 al gobernante Martín Vizcarra, promovió así al conservador Manuel Merino, quien por ser presidente del Congreso, era el siguiente en la línea de sucesión.
Las protestas obligaron a Merino a renunciar y fueron respaldadas por fuerzas de izquierda y centro, entre ellas el Partido Morado, al que pertenecen Belaúnde y Olivares.
Las manifestaciones, reprimidas con un saldo de dos muertos -por lo que Merino es investigado-, obligaron al Legislativo a designar en su lugar a un miembro de la minoría.
Esa minoría parlamentaria se opuso a lo que consideraron una conspiración para tomar la presidencia y la designación recayó en el actual presidente, Francisco Sagasti, del Partido Morado, mientras la presidencia del Congreso fue encomendada a la ambientalista Mirtha Vásquez.
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