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Justicia sigue en deuda en Chile tras estallido social

Santiago de Chile, 3 feb (Prensa Latina) De casi tres mil denuncias presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por represión tras la revuelta popular en Chile en octubre de 2019, hasta hoy solo un policía fue sancionado.
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Así lo señala el INDH en su primer ‘Informe de Seguimiento a las Recomendaciones’ que entregó en 2019 a las autoridades del país, con una serie de reclamos sobre la represión desatada por las fuerzas policiales y militares contra los manifestantes.

Al presentar ese estudio, el director del INDH, Sergio Micco, señaló que ‘si tuviésemos que emitir un juicio definitivo ‘estaríamos más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia, y eso es gravísimo para el estado democrático chileno’.

Desde la ciudad de Rancagua, en la sureña región de O´Higgins, donde fue presentada la víspera esa evaluación, el funcionario precisó que el único condenado (a cinco años de prisión) es un carabinero que atacó al joven Esteban Carter, quien el 13 de diciembre de 2019 recibió el impacto directo de una bomba lacrimógena que le fracturó el cráneo.

Micco consideró en extremo preocupante ‘la lentitud de los procesos en violaciones de los derechos humanos’, y explicó que pueden durar el doble de uno ordinario, porque son difíciles de probar, por lo cual ‘resulta necesario reforzar el sistema penal’ para evitar esa demora.

De las 15 recomendaciones presentadas al gobierno, el informe solo analiza las cinco más urgentes, que buscan detener las graves violaciones a los derechos humanos, garantizar la justicia, evitar la impunidad, y aplicar medidas concretas para reparar a las víctimas.

Con relación al uso de escopetas antidisturbios y de productos químicos, Micco señaló que aunque Carabineros avanzó algo en la aplicación de algunos protocolos para el empleo de esos elementos, ‘aún queda un largo camino por recorrer’.

Insistió en que resulta imperioso ‘realizar una profunda e integral reforma a Carabineros de Chile’, algo que ha sido reclamado también por partidos de oposición.

En cuanto al aseguramiento de la justicia y la no impunidad, reconoció el trabajo coordinado del INDH con la Fiscalía, pero opinó que se requiere reforzar el sistema penal.

Micco señaló como pendiente la recomendación relativa a facilitar acceso a recursos judiciales expeditos y efectivos ante las violaciones de derechos humanos, porque la mayoría de las causas aún estás en investigación.

Sobre la reparación a las víctimas calificó positivamente programas del Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer, pero llamó a ampliar la atención psicológica y aumentar el alcance de esos planes más allá de la región Metropolitana.

Sin embargo, advirtió que el Estado no ha informado medidas para garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos, en lo cual el INDH continuará insistiendo durante el presente año.

mem/rc

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