En entrevista exclusiva con Prensa Latina, León consideró que en los últimos cuatro años, el país ha vivido un proceso acelerado de desmantelamiento del Estado, desinstitucionalización, pérdida de proyecto propio y referentes de cambio, contradicciones en la política exterior y alineación con la instituciones financieras internacionales.
‘Esa larga lista de retrocesos da cuenta de una realidad compleja y agudizada con efectos de la pandemia, sin una política pública y sanitaria adecuadas. En ese contexto está convocada la contienda electoral el domingo 7 de febrero’, afirmó.
Sobre ese proceso, advirtió que la campaña, cuyo cierre es esta medianoche, tiene una cantidad abultada de candidaturas presidenciales (16), de las cuales se pueden identificar dos bloques, uno con 15 aspirantes afines al neoliberalismo y del otro lado UNES, coalición que busca recuperar la democracia, devolver institucionalidad y respeto a la Constitución.
Al respecto, insistió en que la mayoría de los postulantes a la presidencia, tienen propuestas clientelares, ancladas a las soluciones tipo que ofrece el Fondo Monetario Internacional, con retóricas regresivas que, en algunos casos, hasta contradicen la Declaración de Derechos Humanos de 1948.
En ese sentido, apuntó que varios de esos candidatos hablan abiertamente de eliminación directa de actores políticos, censura, retorno a la pena de muerte y otras ideas planteadas en procesos de autoritarismo en América Latina y el mundo, y que aún si estos candidatos carecen de representatividad, logran colocar esos mensajes en la sociedad.
Mientras, la Unión por la Esperanza (UNES), formada por movimientos, partidos y unas 300 organizaciones adheridas, tiene una agenda con varios ejes, encaminados además a recuperar la estabilidad económica, así como a permitir al pueblo salir adelante día a día, con justicia ecológica, decolonial, de género y estado plurinacional, señaló.
A su juicio, en el marco de la elección para los miembros del Legislativo, existen referentes similares.
La campaña, ahondó, tiene varios ingredientes como el antecedente de la judicialización política desatada durante la gestión actual, la persecución a quienes vienen del proceso de la Revolución Ciudadana y arbitrariedades en la aplicación de políticas públicas y ejercicios de agendas de las instituciones.
Sobre ese particular, identificó al plano electoral como uno de los que muestra debilidades conceptuales y actores políticos de poder, quienes imponen criterios, los cuales han dificultado hasta candidaturas, entre ellas del expresidente Rafael Correa, vetada, e impedido el reconocimiento de movimientos políticos con distintos pretextos.
León hizo referencia además a un escenario en el cual algunos valoran la posibilidad de postergar las elecciones y existen ambigüedades con el voto en el exterior, en países con gran cantidad de emigrantes ecuatorianos, cuando muchos apuntan a una victoria de Andrés Arauz y Carlos Rabascall, binomio de la coalición progresista UNES.
‘En medio de esa disputa de poder, se debe cumplir con el acto democrático electoral y hacer respetar el derecho de la ciudadanía de votar por el candidato que elija’, enfatizó.
En esa misma línea, recordó que en Ecuador sufragar es un deber, responsabilidad ciudadana y un derecho contemplados en la Constitución y existe un pueblo con capacidad de discernimiento sobre los contenidos de los programas políticos.
‘Con todo eso, en este momento, a pocos días de las elecciones, vale destacar que con esas dificultades, el progresismo está en primer lugar y podría cantar victoria en una primera vuelta’, concluyó.
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