La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes explicó que, de aprobarse su proyecto de ley, se establecería la obligatoriedad de la pena de restitución contra funcionarios declarados culpables de delitos de corrupción.
La recién estrenada legisladora del ecléctico MVC, abogada de profesión con una amplia trayectoria en las luchas sociales, recordó que en la actualidad el juez o la jueza tiene discreción para determinar si impone la pena de restitución.
Con esta medida legislativa, expuso la diputada, se elimina tal discreción para establecer que, en caso de corrupción, la persona convicta tiene que devolver lo que robó o utilizó mal.
Nogales reconoció que la potencial pérdida de libertad sin duda es una consecuencia muy seria y lamentable, pero no repara el daño que se le ha hecho al fisco ni parece haber sido disuasivo suficiente.
En este sentido puso como ejemplo a quien fuera una prominente diputada del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros ‘Tata’ Charbonier, que tuvo que renunciar a su curul tras ser acusada de un esquema de corrupción, que costó miles de dólares al pueblo puertorriqueño.
Igual situación se registró con su colega Nelson Del Valle, también del PNP, ambos arrestados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) a finales de 2020 por hechos separados luego de establecer esquemas similares para apropiarse de dinero público a través de la nómina de la Cámara Baja.
Nogales mencionó igualmente el caso de la imputada exministra de Educación Julia Keleher, integrante de la administración del gobernador Ricardo Rosselló, expulsado del cargo por un levantamiento popular de 14 días en julio de 2019.
La diputada del MVC advirtió que, contrario a lo que ocurre en la actualidad, de aprobarse su proyecto de ley este tipo de delito de apropiación de fondos públicos no prescribiría, ya que hace falta erradicar la impunidad.
‘Si estos crímenes rara vez se investigan o llegan a los tribunales, seguirá reinando el sentido de impunidad con el que ya hemos visto que actúan, independientemente de cuán graves sean las penas que se impongan’, dijo.
La legisladora propone, además, enmiendas a la Ley de la Oficina del Contralor para eliminar cualquier inmunidad penal automática y para que sea obligatorio publicar los nombres de las personas implicadas en sus informes, como era hasta que el contralor Manuel Díaz (1997-2010) propuso lo contrario para proteger al PNP, bañado entonces de corrupción.
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