El juez Ivickel Dabrésil, la inspectora general de la Policía, Marie Gauthier, entre otros, fueron detenidos y acusados el domingo pasado, bajo el cargo de conspiración contra la seguridad interna del Estado, de acuerdo con declaraciones del primer ministro Joseph Jouthe.
La Organización de Ciudadanos por un Nuevo Haití (OCNH) advierte que la Unidad de Seguridad del Palacio Nacional, la fuerza que apresó al grupo, no puede jugar el rol de policía administrativa y judicial.
De igual manera, insistió que los ‘actos arbitrarios e ilegales son una fórmula fascista pasada, alabada por algunos nostálgicos de la dictadura y que deben se cortados de raíz’.
Junto a OCNH, en una nota conjunta la Red Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Episcopal de Justicia y Paz y el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos, denunciaron la detención y ‘tortura’ al que fue sometido el letrado.
Estas instancias sostienen que el mandato presidencial de Jovenel Moïse culminó el 7 de febrero, por lo cual consideran que dirige un gobierno de facto apoyado por milicias, con la intención de ‘instalar permanentemente un poder autoritario en Haití’.
La víspera la oposición política y organizaciones sociales nombraron a Joseph Mécène, juez de la Corte de Casación, como presidente del eventual gobierno transitorio, al considerar un vacío de poder tras la aplicación del artículo 134-2 que limita la duración del periodo presidencial.
En respuesta, Moïse despidió el lunes a tres jueces, entre ellos Dabrésil y Mécène, y el ministro de Justicia, Rockefeller Vincent acusó a este último de violar las leyes al aceptar la presidencia de un gobierno interino y sugirió que podría correr con la misma suerte de su colega.
mem/ane
