Con la decisión de la segunda sala de esa corte, el juicio por sospecha de parcialidad del exjuez Sérgio Moro y la anulación de condenas contra el fundador del Partido de los Trabajadores están cada vez más cerca.
El equipo jurídico de Lula tuvo acceso a conversaciones, pirateadas por hackers a teléfonos móviles de miembros de la Lava Jato, tras una decisión del juez Ricardo Lewandowski, del STF.
Tales diálogos fueron confiscados por la Policía Federal (PF) en el ámbito de la llamada Operación Spoofing (usurpación). Los mensajes pusieron al desnudo la arbitrariedad de Moro y su influencia en procedimientos y estrategias de la Lava Jato, así como sus claras intenciones de condenar sin pruebas a Lula.
Las sentencias de los procesos que dirigió el exmagistrado en el 13 Tribunal Federal de la sureña ciudad Curitiba pueden ser anuladas, incluida la condena contra el exdirigente obrero en el denominado caso triplex de Guarujá.
Al exmandatario se le acusa por la posesión de un apartamento triplex en el área litoral de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, supuestamente recibido a cambio de beneficiar a la empresa OAS.
Los fiscales indican que el ex jefe de Estado recibió el inmueble como retribución por los contratos cerrados por la contratista con la compañía Petrobras.
Desde el comienzo del proceso, Lula reafirma su inocencia y la defensa alega que el apartamento no es suyo, no hay pruebas contra el expresidente, quien no cometió delitos antes, durante o después del mandato (2003-2011).
La Lava Jato argumentó que no hay pruebas de que el material telefónico retenido por la PF sea legítimo y puede haber manipulación y edición de las copias -lo cual haría que las pruebas sean inútiles- y las pericias realizadas en la operación Spooging no atestiguan la autenticidad de los mensajes.
Sin embargo, Lewandowski afirmó que autorizó el acceso ante la resistencia de la Lava Jato a proporcionar información a la defensa de Lula sobre la existencia del acuerdo de clemencia de Odebrecht.
Según el juez, esta negativa duró más de tres años. Los extractos revelados son ‘de evidente interés para la defensa’, subrayó.
El principal abogado defensor de Lula, Cristiano Zanin, argumentó que no se trata de conversaciones personales, de familia, de amigos, sino de pláticas ‘entre funcionarios públicos que ocurrieron en aparatos funcionales y se refieren a procesos que se tramitan en la justicia. Prácticas procesales clandestinas para ocultar relaciones espurias’.
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