En la madrugada del sábado 30 de enero unos 300 miembros del autodenominado Movimiento del Protectorado Lunda Tchokwe atacaron la comisaría del poblado minero de Cafunfo, en el municipio de Cuango, perteneciente a la provincia de Lunda Norte (noreste), lo que condujo a enfrentamientos con la Policía Nacional y Ejército.
Este miércoles el gobernador de Lunda Norte, Ernesto Muangala, viajó a Cuango para escuchar a líderes religiosos, autoridades tradicionales, mujeres organizadas y agrupaciones juveniles en Cafunfo, reportó desde allí la Agencia Angoleña de Prensa (Angop).
Según Angop, el encuentro transcurre en la comuna de Luremo y servirá para presentar los proyectos socioeconómicos con destino al municipio de Cuango y esclarecer la situación creada por el intento de rebelión del 30 de enero.
A raíz de los sucesos, el gobernante Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) recalcó que cuando un grupo de ciudadanos nacionales y extranjeros provistos de armas de fuego, armas blancas y objetos contundentes ataca una comisaría de la policía, cuartel militar o cualquier organismo público ‘no está realizando una manifestación, sino una rebelión armada’.
El partido desaprobó los intentos de dividir a los angoleños, de incitar al tribalismo y al regionalismo para romper la unidad nacional.
Por su parte, diputados de los partidos de oposición con escaños en la Asamblea Nacional (Unita, PRS y CASA-CE) acusaron a las autoridades policiales de uso excesivo de la fuerza en respuesta al acto de rebelión armada en Cafunfo, publicó Angop.
Mientras el presunto líder del Protectorado Lunda Tchokwe, Zeca Mutchima, fue detenido ayer en Luanda por miembros del Servicio de Investigación Criminal, corroboró una fuente institucional a Radio Nacional de Angola.
Una nota de la delegación de Ministerio del Interior en Lunda Norte reconoció que dos integrantes de las Fuerzas Armadas están bajo detención, acusados del asesinato en la vía pública de un joven, de 27 años de edad, en la localidad de Cafunfo.
El caso, precisó la fuente, se halla en manos del Ministerio Público para continuar las gestiones procesales, con vistas a exigir responsabilidad civil y penal.
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