En su alegato inicial al comparecer ante la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa que estudia el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), Alvarado aseguró que el trabajo de ese equipo permitió desarrollar una política pública de precisión del Estado para las personas más necesitadas.
El decreto ejecutivo para crear la UPAD fue firmado en octubre de 2019 por Alvarado y los ministros de la Presidencia, Víctor Morales, e interino de Planificación, Daniel Soto, y publicado en febrero de 2020 en el diario oficial La Gaceta.
La revelación poco después de que ese equipo estaría ya trabajando provocó gran revuelo en Costa Rica y el rechazo inmediato de casi todos los sectores, que coinciden en calificarlo de violatorio de las libertades individuales, persecución e inconstitucional.
Por ello, el decreto ejecutivo fue derogado cuatro días después de publicado en La Gaceta y el 28 de febrero de 2020, por primera vez en la historia de este país, Casa Presidencial fue allanada por agentes del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público.
Los agentes recabaron pruebas contra los integrantes de la UPAD y hasta contra el propio mandatario, a quien le confiscaron dos celulares y la computadora de trabajo, pues la Fiscalía General le imputa los delitos de prevaricato, violación de datos personales y abuso de autoridad.
De su lado, el Legislativo acordó hace un año crear una Comisión Investigadora para estudiar el caso UPAD y ante la que ya han comparecido 17 funcionarios relacionados con la creación de ese equipo.
Pero, este grupo parlamentario carece de facultad para concluir si fue o no legal el surgimiento de la UPAD, así como tampoco puede interpelar al presidente de la República, pues ese acto es inconstitucional en Costa Rica.
No obstante, Alvarado accedió a comparecer y sostuvo que lo hacía pensando exclusivamente en la ciudadanía y con la intención de dar las explicaciones requeridas.
En su mensaje ‘a mis compatriotas’ señala que tengo el mayor deseo de explicar a los costarricenses, a quienes me debo, todo lo relativo a la UPAD y dejar claro que solo hemos procurado tener mejores políticas públicas basadas en datos y en la evidencia.
Alvarado subrayó que lo difundido son calumnias. ‘A los ojos puedo decirles que ni uno solo de los cinco millones de costarricenses ha sido espiado o ha visto su privacidad comprometida con los proyectos que se desarrollaron’, resaltó.
Aseveró que ‘ninguno de los estudios desarrollados sirvió para algún fin político electoral. Lo garantizo por lo más sagrado’.
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