Esta semana fue noticia el deseo de que las decisiones tomadas por Estados Unidos concernientes a su embajada en esta capital sean revertidas, luego de conocerse un informe revelador sobre la falsedad de acusaciones contra la isla.
El recién desclasificado documento del Departamento de Estado norteamericano consideró improcedentes las disposiciones del gobierno de Donald Trump (2017-2021) frente a alegados ataques sónicos contra funcionarios de su misión diplomática en La Habana.
El reporte de la Junta de Revisión de Responsabilidad calificó a los sucesos como un misterio, pues, meses después de ocurridos (en 2016 y 2017), no se sabía qué pasó, ni por qué, o quién lo hizo.
Para el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el documento confirma lo dicho por su nación a partir de investigaciones científicas: los ‘ataques acústicos’ sirvieron como pretexto a la administración de Trump para acusar sin evidencias y dañar las relaciones bilaterales.
La víspera, el canciller Bruno Rodríguez reiteró la disposición de la isla a cooperar con Estados Unidos en las investigaciones sobre los incidentes, convertidos en excusa para la reducción del personal diplomático de ambos países y cerrar efectivamente el consulado norteño.
Una desclasificación seria de la información permitirá conocer cuán lejos llegaron Trump, el exsecretario de Estado Mike Pompeo y el senador Marco Rubio para justificar un retroceso en las relaciones bilaterales, escribió en Twitter.
Además en estos días, más de 50 organizaciones políticas, religiosas y empresariales estadounidenses enviaron una carta a la administración de Joe Biden en busca de medidas para revertir las políticas fallidas de Trump contra Cuba.
Por otra parte, durante la semana trascendió la actualización del protocolo de manejo clínico de la Covid-19, el cual incluye la nueva categoría de alto riesgo, aplicada a sospechosos y a diagnosticados con la enfermedad con síntomas de inflamación.
Según autoridades del Ministerio de Salud Pública, esas personas tendrán un tratamiento diferenciado, a partir de la administración de los fármacos Itolizumab o Jusvinza, ambos producidos por la biotecnología cubana.
También como parte de las medidas el país establece restricciones en los territorios con mayor índice de contagios, refuerza capacidades hospitalarias, y opta por un aislamiento rápido y oportuno de los contactos de casos positivos a la Covid-19 y de los viajeros provenientes del exterior.
Las disposiciones buscan prevenir y controlar el actual rebrote de diagnosticados con el padecimiento en Cuba, con cuatro mil 657 pacientes con el virus activo.
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