En un mitin frente a la sede del Banco Central de Costa Rica (BCCR), en esta capital, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, afirmó que la deuda pública es una de las principales -sino la fundamental- causas de la desastrosa situación financiera del país.
El endeudamiento está consumiendo 195 millones de colones -unos 322 mil dólares- por hora para pagar solo los intereses, indicó el líder sindical.
Tras recordar que le entregaron una carta al presidente del BCCR, Rodrigo Cubero, y al ministro de Hacienda, Elian Villegas, con 13 preguntas, Vargas afirmó que las políticas impulsadas por ambas entidades son responsables de la quiebra de las pequeñas y medianas empresas y de la situación estresante de cientos de agricultores.
Son responsables, prosiguió, del congelamiento de los salarios de los empleados públicos y del alto costo de la vida.
El secretario general de la ANEP refirió que los manifestantes desean saber por qué el país paga esa alta cifra de dinero solo por intereses de la deuda, al tiempo que desean conocer el listado de entidades, personas, tanto nacionales como extranjeras, acreedoras de la deuda pública, detallando en cada caso el monto adeudado.
Por su parte, el director de la Asociación Sindical de Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (Asdeice), César López, aseveró que este 2021 comenzó con un 21 por ciento de desempleo, mientras el presidente del BCCR gana 11 millones de colones al mes, poco más de 18 mil dólares.
‘Estamos aquí en el contexto nacional en que un Gobierno cada vez más deslegitimado, con su imagen en caída libre insiste en la ruta económica de la desigualdad, de la falta de oportunidades y del empobrecimiento de cada vez más compatriotas y la concentración de la riqueza en pocas manos’, denunció López.
Rememoró que el repudio casi general a finales del año pasado obligó al Gobierno a retirar su primera propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir un crédito por mil 750 millones de dólares.
Y ahora, sostuvo, estamos aquí combatiendo la segunda versión de negociación con el FMI, cuyos proyectos de ley relacionados con la concesión de ese préstamo discute la Asamblea Legislativa, con nuevos impuestos y políticas neoliberales contra las personas menos favorecidas de la sociedad.
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