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Denuncian intereses políticos detrás de cacerolazo en Bolivia

La Paz, 17 feb (Prensa Latina) El Movimiento Al Socialismo (MAS) en Bolivia denunció los intereses políticos detrás del cacerolazo convocado por el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) como rechazo a normativas aprobadas recientemente, destacan hoy medios locales.
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El Conade instó a realizar protestas a nivel nacional el 21 de febrero contra la Ley de Emergencia Sanitaria y del Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, hecho calificado por el diputado del MAS Juanito Angulo, como una convocatoria política y atentatoria contra la salud del pueblo, reveló el diario Bolivia.

Angulo enfatizó que esas manifestaciones no responden a los intereses de la población, sino a representantes y autonombrados, quienes con fines personales y políticos tomaron protagonismo en 2019 al involucrarse en las acciones para derrocar al expresidente Evo Morales y 2020 durante el gobierno de facto.

‘Están actuando de manera tendenciosa y política, defienden los intereses de los políticos que responden al modelo neoliberal’, afirmó.

Por su parte, Héctor Arce, diputado por el mismo movimiento, definió al comité como ‘escoria política de la sociedad’ sin moral ni ética para cuestionar a un gobierno que trabaja en favor de todos los bolivianos.

‘Es la vieja rosca que no tiene autoridad de la vida en sociedad. En estos tres meses, nuestro gobierno ha tomado varias medidas económicas para reactivar la economía, generar fuentes de empleo y hacer que el boliviano tenga recursos en el bolsillo para promover la demanda interna del país’, precisó Arce.

El Conade alega que la Ley de Emergencia Sanitaria no cuenta con la participación de sectores involucrados en el tema de salud, planteamientos desmentidos por el Ministerio de Salud tras firmar un convenio con el Colegio Médico antes de aprobarse la normativa, en espera de su promulgación.

Sobre el Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, esa plataforma opositora asegura que sólo beneficia a personas afines al MAS enjuiciadas en 2019, sin mencionar que unas mil personas reprimidas y procesadas por el régimen golpista serán beneficiadas con esa iniciativa, según la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La amnistía incluye a enjuiciados penalmente ‘en franca vulneración de los derechos constitucionales durante la crisis política del país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020’.

agp/nmr

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