En una nota, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación precisó que a través de la Subsecretaria de acciones para la defensa de consumidores, imputó a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian.
La acción legal se realizó tras verificar que esas compañías habrían incumplido la obligación de ‘incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda’, establecida por la resolución 100/2020 y sus modificaciones, precisa la nota.
En rigor, dicha resolución, que establece el marco legal para la implementación de los precios máximos, tiene como finalidad proteger a los consumidores de posibles abusos y garantizar el normal abastecimiento de productos en mercados minoristas.
El ente gubernamental detalló que durante las fiscalizaciones realizadas en comercios, inspectores identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo. A partir de esta evidencia, se realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras.
Se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos. Por ejemplo, en la empresa multinacional Unilever, que elabora alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, se detectó una caída de casi el 100 por ciento en su inventario de aderezos.
La Secretaría precisó que en los casos en los cuales se verificó una reducción de la producción o en la distribución que incumple con lo establecido en la resolución 100 y sus modificaciones, las imputaciones intiman a las empresas para que en el plazo perentorio de cinco días hábiles acredite de modo fehaciente haber dado cabal cumplimiento a la norma. agp/may
