El ministro de Justicia, Rockefeller Vincent, aseguró en una nota de prensa que el presidente, Jovenel Moïse, designó a los nuevos magistrados de una lista previa emitida por el Senado, que contemplaba a 15 jueces o abogados con al menos ocho años de servicio.
La lista aprobada por Youri Latortue, expresidente de la Asamblea Nacional y antiguo aliado del jefe de Estado, fue emitida en 2017 y también llevaba la firma del entonces presidente de la comisión de Justicia, Jean Renel Senatus.
Vincent insistió que el gobierno respeta las leyes que garantizan la independencia de la justicia, y con las nominaciones se siguieron los procedimientos trazados por la Constitución.
Senatus, por su parte, rechazó que el gobierno utilice esa enumeración para justificar el nombramiento de los jueces, considerado al margen de la ley por cuatro organizaciones de magistrados.
‘En ninguna parte de la Constitución se permite que un presidente elija a dos jueces por escaño. De ello se desprende que el nombramiento en cuestión es inconstitucional aunque lo haya realizado un presidente con mandato ordinario’, dijo el exsenador.
Argumentó que de la lista del 30 de agosto de 2017 se nombraron regularmente a los jueces Jean Claude Theogene, Jean Joseph Lebrun, Stenio Bellevue e Yvickel Dabrezil, por lo cual no se puede seleccionar a nuevos candidatos.
El polémico decreto de Moïse para despedir y reemplazar a los miembros del Tribunal de Casación fue duramente criticado por las asociaciones de magistrados, que desde el lunes último impulsan un movimiento de huelga para presionar al ejecutivo a retirar sus ordenanzas.
La víspera el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de ‘procedimiento irregular’ las acciones del Gobierno y alertó sobre los ‘atentados a la independencia de la justicia en Haití’.
El pasado lunes, Moïse jubiló a tres jueces relacionados con el gobierno transitorio impulsado por la oposición, uno de ellos previamente arrestado tras las denuncias del mandatario de que fue objeto de un intento de golpe de Estado y magnicidio.
La crisis se agudiza en medio de los llamados de opositores y organizaciones sociales para que Moïse asuma el fin de su mandato, que estiman concluyó el 7 de febrero, mientras el gobernante desestima a sus contrarios y alista elecciones generales, además de un referendo constitucional.
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