En un artículo divulgado en la prensa local y en el perfil de Facebook del MRN, Guido afirma que ese gran movimiento de resistencia pacífica debe ser hasta obligar a un proceso de negociación público y transparente, para poner en marcha un modelo de desarrollo humanista, inclusivo, solidario y libre de corrupción e impunidad.
Asimismo, indica la urgencia de una alianza electoral (las próximas elecciones generales serán en febrero de 2022), conformada por partidos políticos patriotas, pero fundamentalmente por sectores sociales, que postulen a mujeres y hombres probados en ética, ideológica y políticamente.
Pero, señala, requisito previo debe ser la propuesta país, presentada en proyectos de ley debidamente redactados y con el compromiso inclaudicable y firmado por los candidatos de elección popular y los funcionarios de confianza del Poder Ejecutivo, de luchar por convertir en leyes esos proyectos.
La democracia tica ‘está ingresando a cuidados intensivos, fundamentalmente por la podredumbre en el Poder Judicial, muy particularmente en la Sala Constitucional, hoy convertida en caja de resonancia de los grupos de poder, utilizando como instrumento a uno de los gobiernos más neoliberales y corruptos de las últimas décadas’, subrayó.
Asevera que en asocio con los poderes Legislativo y Judicial, están dispuestos a terminar con lo que queda del Estado de derecho y con las Garantías Sociales, que a los ancestros les costó sacrificio y sangre.
En este contexto, refiere, le han solicitado colaboración para inscribir nuevos partidos políticos, pero -añade- con respeto les he respondido que los problemas éticos y estructurales de nuestra democracia en agonía no se resuelven con nuevos partidos políticos, sino la organización de una gran protesta popular.
‘El tiempo se agotó, es hora de terminarle la fiesta a esta clase política parasitaria’, concluye Guido su extenso artículo en el que también propone algunas acciones de lo que debe contener la propuesta país de una posible agrupación política patriótica.
El MRN lideró una protesta nacional, con bloqueos de vías, que en septiembre-octubre de 2020 obligó al Gobierno retirar una primera propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional para recibir un crédito por mil 750 millones de dólares.
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