El viceministro de Justicia, Jorge Silva, encargado de la Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, declaró al canal estatal Bolivia TV que las instituciones que conforman el Consejo Nacional de Abastecimiento y Control de Precios de Medicamentos ejecutarán las inspecciones permanentes para proteger la salud pública.
Silva aseguró que esa estrategia molestará a los propietarios de algunas clínicas que colocan sus intereses por encima del bien mayor, actitudes denunciadas por la Defensoría del Pueblo el fin de semana.
La responsable de esa última entidad, Nadia Cruz, informó que recibieron quejas del centro Grumedso (Santa Cruz) y los hospitales Nuestra Señora de La Paz y el Metodista, así como el Agramont en la ciudad de El Alto, por facturas elevadas que no incluyen servicios de terapia intensiva.
Cruz reveló que las quejas incluyen cobros de más de dos mil dólares por cuatro horas de atención en una clínica privada, y exigió el cumplimiento de la Ley de Emergencia Sanitaria promulgada el 17 de febrero pasado y motivo actualmente de un paro convocado por el Colegio Médico hasta el 28 de febrero próximo.
Por otra parte, el viceministro Silva destacó que varias farmacias en los departamentos de Oruro y Cochabamba cumplen con las tarifas establecidas.
Afirmó que el Gobierno está empeñado en corregir, controlar y fiscalizar esos productos y servicios para proteger a la población de los maltratos y abusos psicológicos cometidos por parte del personal de algunos centros de salud del sector público.
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