La muerte violenta de al menos 80 personas en enfrentamientos casi simultáneos en cuatro Centros de Rehabilitación Social de tres provincias consternó a toda la nación y aún mantiene en vilo a familiares de reclusos que continúan sin saber de sus parientes, a cinco días de los sucesos.
Según indicaron las autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, los incidentes ocurrieron entre bandas rivales que buscan el control de los centros penitenciarios tras la muerte de uno de los líderes principales de esos grupos.
Los amotinamientos en los pabellones de máxima seguridad de los penales que reúnen al 70 por ciento de la población carcelaria, tuvieron lugar en momentos en que por estadísticas, existe un guía penitenciario por cada 27 reos y el hacinamiento supera el 42 por ciento, con celdas para seis personas, pero ocupadas por hasta 20.
Imágenes y videos de los asesinatos recorrieron las redes sociales y causaron consternación en la población y fuera de esta nación andina, donde en los últimos dos años fueron decretados dos Estados de excepción en el sistema de prisiones, el segundo de ellos en agosto de 2020, extendido por otros 30 días en octubre último.
La ola de violencia despertó además numerosas críticas a la atención del gobierno nacional a los centros de rehabilitación social.
‘Nunca antes el país había conocido un descalabro tan grande del sistema penitenciario, vivimos lamentables episodios de amotinamientos, violencia y muerte’, afirmó el candidato presidencial Andrés Arauz, de la fuerza progresista Unión por la Esperanza.
Asimismo, exigió al ejecutivo nacional liderado por el presidente, Lenín Moreno, admitir responsabilidad por la situación y precautelar la vida de policías, reclusos y de todos los ciudadanos, pues ‘el país no aguanta más la ausencia de liderazgo y toma de decisiones a favor de la vida de los ecuatorianos’.
Por otra parte, la masacre también desató análisis sobre lo depauperado del sistema, que, además, ha perdido una considerable parte de su presupuesto inicial.
Al respecto, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador afirma que atribuir la violencia intracarcelaria a disputas entre bandas es restrictivo y solo invisibiliza otras causas de esa crisis, como el punitivismo de Estado, impulsor de un aumento sin precedentes en la población privada de libertad desde 2010.
En ese mismo contexto, Alfredo Muñoz, exdirector de Rehabilitación Social, hizo referencia a otros factores que atentan contra la seguridad en los penales, entre ellos la falta de dotación de las herramientas necesarias en recursos logísticos y humanos para garantizar el control adecuado de esas instalaciones.
También considera dañino el hecho de que, por diferentes vías, a las cárceles ingresan armas de fuego y otros objetos prohibidos por el sistema.
De su lado, datos ofrecidos por la Defensoría del Pueblo revelan que desde inicios de este año, en los centros de internamiento del país se han registrado 103 muertes violentas.
La falta de atención y de política integral de rehabilitación social han jugado un papel preponderante respecto al agudizamiento de los problemas de violencia social y carcelaria, estimó el ente.
Agregó que la falta de diseño, implementación, y evaluación de políticas públicas de seguridad, son resultado de lo que sucede en los centros de privación de libertad’.
En consonancia, exhortó al gobierno nacional a tomar de inmediato el control del sistema carcelario de Ecuador, a convocar con urgencia a una sesión del Organismo Técnico de Rehabilitación Social para aplicar medidas oportunas y disponer al Ministerio de Finanzas la entrega de recursos económicos a fin de contratar personal de seguridad para las prisiones.
Otros coinciden en que la barbarie reciente en los penales llama a reflexionar sobre la necesidad de no dejar de lado a un sector delicado de la sociedad.
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