A militares los medían por ‘litros de sangre’ de vidas inocentes y las remuneraciones por bajas en combate eran tan atractivas que hasta contemplaban viajes al exterior, señalan en Twitter Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, y Sandra Ramírez, del partido Comunes, otrora Fuerza Alternativa Revolucionario del Común.
Los detalles relacionados por los legisladores, entre otras personalidades de la política del país, los divulgó la víspera en su sitio web el informativo televisado Noticias Caracol tras los testimonios a los que tuvo acceso de militares implicados.
Según la pesquisa ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’, oficiales cuya identidad protege la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por razones de seguridad, decidieron contar una década después lo que pasó y quiénes pueden estar detrás de estos hechos.
Dentro de las declaraciones, un teniente retirado perteneciente al Batallón La Popa de la Décima Brigada del Ejército cuenta cómo se pagaban importantes sumas de dinero a los soldados por cada supuesto muerto en combate.
Cuando los superiores daban una orden, no había posibilidad de incumplirla, expusieron uniformados de menor rango, para quienes entonces era la vida de la víctima o era la del soldado.
Escucharon programas donde decían al Ejército: ‘los estamos midiendo por litros de sangre y carrotanques’ y estos los ponían los muertos, no los capturados, describe un capitán retirado de la Brigada Móvil 15 en Norte de Santander.
La JEP informó el pasado 18 de febrero un incremento de casi 300 por ciento en la cifra estimada de civiles ejecutados por militares y presentados como caídos en combate durante el periodo analizado.
Por lo menos seis mil 402 muertos a causa de esos sucesos ocurrieron bajo la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), etapa en la cual ubicaron solo el 78 por ciento del total de la victimización histórica nacional.
Los falsos positivos constituyen uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano e involucran a unos mil 500 militares. Las víctimas fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos.
agp/znc
