Las solicitud quedó formalizada en una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional que demanda al presidente, Lenín Moreno, separar de sus cargos a Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno; y a Edmundo Moncayo, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores.
Con el apoyo de una mayoría de 84 parlamentarios, 38 abstenciones y un voto en blanco, la demanda incluye, además, a Johana Pesántez, presidenta del Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social.
A juicio de los asambleístas, los tres directivos son responsables de los hechos violentos ocurridos en cuatro cárceles del país el pasado 23 de febrero, que dejaron como saldo el asesinato de 80 reclusos y una veintena de heridos, entre ellos algunos guardias de seguridad.
Igualmente, los legisladores exigieron al ejecutivo adoptar, de inmediato, medidas que garanticen la prevención, mantenimiento, control y restablecimiento del orden y la seguridad de los centros de privación de libertad, así como una gestión y administración eficiente de esas instalaciones.
También solicitaron el diseño y ejecución de procesos de rehabilitación y reinserción social que garanticen los derechos de los reclusos, entre otros, y decretar estado de excepción en el sistema carcelario a nivel nacional.
La resolución fue propuesta por Rodrigo Collaguazo, de la oficialista Alianza PAIS, y anticipa, además, el inicio del juicio político en contra de los tres directivos antes mencionados, por incumplimiento de funciones.
Por otra parte, el texto exhorta a los organismos del Sistema Regional y Universal de Derechos Humanos a vigilar y desarrollen acciones de monitoreo para que el estado ecuatoriano garantice una investigación pronta e imparcial, a fin de establecer responsabilidades por la ola de violencia en los penales, conforme a la Constitución e instrumentos internacionales.
Otro pedido al gobernante fue ejecutar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica 2019-2030, disponer al Ministerio de Economía y Finanzas entregar los recursos económicos que permitan solventar la grave crisis del sistema de rehabilitación social y analizar y agilizar las solicitudes de indulto humanitario.
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