En el municipio Murindó, 48 familias Embrea transitan por caminos minados para salvar sus vidas, grupos armados ilegales los amenazaron y los desplazaron, según describió a través de su perfil en Twitter la legisladora Sandra Ramírez.
¿Por qué insiste en desconocer la realidad del país y de los más vulnerables?, preguntó al presidente Iván Duque en su mensaje la excombatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionaras.
Son colombianos y colombianas amparadas por la Constitución, tienen derechos a un Estado que se reconoce pluriétnico y con el deber de protegerlos, pero están solos y solas, denunció por su parte la también senadora Piedad Córdova.
La abogada y miembro del partido Liberal adjuntó a su mensaje en Internet un vídeo donde muestra la larga fila de todos los pobladores que atraviesan parte del litoral pacífico para salir del conflicto armado.
El desplazamiento se produjo luego de que el pasado 28 de febrero, un niño de 12 años perteneciente a la comunidad pisó una mina antipersonal y resultó gravemente herido.
Desde el año 2018, la Defensoría del Pueblo emite alertas tempranas sobre la presencia de bandas irregulares en el casco urbano de Murindó y el riesgo que representan.
Las comunidades indígenas Gorrojo, Bachidubi y Coredó, donde habitan 470 personas, estarían también en riesgo de desplazamiento por la misma razón, declaró la Organización Indígena de Antioquia.
El vocero de la entidad, Wilfer Sánchez, explicó a Caracol Radio que la situación no es nueva. Desde 2019 se agudizan en esta zona múltiples violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional por parte de actores armados al margen de la Ley.
A esto se suman, agregó, las dificultades para la llegada de la ayuda humanitaria a las comunidades; mientras sus pobladores pasan hambre al no poder cazar y atender los cultivos.
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