Los reclamos frente al constante acecho de organizaciones delictivas que atracan sus embarcaciones, fueron efectuados en la mesa de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional (Parlamento).
De acuerdo con José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, la inseguridad es permanente, particularmente en zonas fluviales, con el sector camaronero como el más afectado, que pese a esos problemas y la pandemia de Covid-19, en 2020 generó tres mil 900 millones de dólares para el país.
En cuanto a los daños, alertó que solo quienes tienen presupuesto pueden pagar guardianía y otras formas de cobertura, con una inversión anual de 60 millones de dólares, no así los pequeños productores.
Otros representantes del sector pidieron establecer un programa coordinado entre la Policía y la Armada del Ecuador para garantizar la seguridad marítima, ante la falta de una Ley de Navegación, cuyo proyecto está en trámite en el legislativo.
Desde la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador, el pedido fue obtener respuestas de las autoridades responsables de la custodia de las actividades marítimas, pues han tenido que llegar ‘al extremo de pagar para evitar ser asaltados’.
Por su lado, Bernardo Hidalgo, viceministro de Acuacultura y Pesca; y Ricardo Perdomo Cañarte, subsecretario de Recursos Pesqueros del Ministerio de la Producción, explicaron las acciones de control para sancionar el ingreso ilegal de embarcaciones industriales a la zona exclusiva de las ocho millas para la pesca artesanal.
Según precisaron, hasta el momento, están suspendidas por 180 días 31 embarcaciones, con multas de hasta 80 mil dólares, mientras que cuentan con un promedio de tres mil informes sobre ingreso ilegal de barcos a la zona exclusiva y solo cuatro abogados para atender esos casos.
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