En una breve declaración pública, la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González, consideró que con la retirada de la inmunidad a Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, la Eurocámara respalda a la justicia de este país ibérico.
El Tribunal Supremo de España instruye una causa contra estos políticos catalanes por su participación en el fallido intento de secesión de Cataluña en 2017, que incluyó un referendo y una proclamación unilateral de independencia.
Durante ese proceso separatista, declarado ilegal por Madrid, Puigdemont era el gobernante de esa comunidad autónoma (región) nororiental, mientras Comín y Ponsatí eran sus consejeros (equivalente a ministros) de Salud y de Educación, respectivamente.
Para la titular de Exteriores, la decisión adoptada este martes por el PE muestra que ‘los problemas de Cataluña se resuelven en España, no se resuelven en Europa’.
Una postura, prosiguió, en línea con la del ejecutivo español de tender ‘la mano a las fuerzas políticas catalanas para buscar una solución’ a la crisis institucional en esa próspera autonomía, de 7,8 millones de habitantes.
Según González, la resolución del legislativo de la Unión Europea (UE) envía el mensaje de que ‘un eurodiputado no puede prevalecerse de su condición para protegerse de comparecer ante justicias nacionales por posibles violaciones de legislaciones nacionales’.
También muestra respeto ‘al trabajo de la justicia española’ y reafirma la ‘solidez del Estado de Derecho de España’, indicó la jefa de la diplomacia española.
La retirada de la inmunidad parlamentaria permitirá reactivar las euroórdenes en contra de los tres dirigentes catalanes, con el fin de que puedan ser detenidos y trasladados a España para ser juzgados.
El Supremo acusa a Puigdemont y Comín de sedición y malversación de fondos, y a Ponsatí sólo de sedición, por su participación en la frustrada tentativa de secesión de octubre de 2017.
Con el voto de la Eurocámara, el caso de los dos primeros retorna a la justicia de Bélgica, y el de Ponsatí a la de Escocia, instancias donde Madrid presentó la demanda de extradición.
Sin embargo, los tres eurodiputados ya adelantaron que elevarán el asunto a la máxima instancia legal del bloque, el Tribunal de Justicia de la UE.
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