Se trata del tema más importante del período de sesiones de la actual legislatura que analiza una comisión de expertos, y que determinará el futuro de los uruguayos trabajadores, especialmente en el modo en que vivirán durante su vejez.
La fuerza política opositora considera que si se observan las cuentas, dejan fuera un montón de situaciones dentro de los límites del régimen vigente, erosionando así los derechos humanos para convertirlo en un sistema injusto.
Una comisión del FA dedicada al análisis de dicha reestructura impugnó en un documento la falta de concepto de sostenibilidad social, a cuánta gente incluye y protege y en qué medida el sistema propuesto responde a las expectativas de la población.
La izquierda sostiene que el gobierno solo pretende instalar el relato de un supuesto ‘despilfarro anterior’, en referencia a los gobiernos del Frente Amplio (2005-2020) e invoca con reiteración ‘la generosidad de las prestaciones como una de las causantes de la falta de sostenibilidad financiera’.
Denunció que lo descripto en borradores podría redundar en una reforma que excluyera colectivos importantes de trabajadores, o que, sin excluirlos, los atendiera por una vía que no contemple el necesario carácter redistributivo que debe tener.
También señaló la necesidad de modificar la costosa Caja Militar de Retiro, las ganancias excesivas de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) y la omisión del hecho de que la carga de trabajo no remunerado sigue sobre las mujeres.
Asimismo refiere que el objetado texto no discrimina entre las pensiones de sobrevivencia de afiliados activos y pasivos por lo que tampoco identifica el papel de sustitución de ingresos que tienen las pensiones.
La Comisión del FA presidida por el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro advirtió que en los borradores a discusión se nota la intención de derogar la reforma aplicada en el precedente gobierno frenteamplista que garantiza protección a quienes sufrieron discapacidades laborales.
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