Por medio de su cuenta oficial en Twitter, el representante permanente del país caribeño ante Naciones Unidas rechazó ese mecanismo, al cual calificó de anticubano y violatorio también de las normas del sistema multilateral de comercio.
El diplomático compartió un video en el cual se ofrecen detalles de esa ley, la cual se aplica desde 1996 y fue destinada a impedir cualquier evolución positiva en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Así expone el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en ese material audiovisual y destacó, además, cómo la Ley Hemls Burton usurpó facultades ejecutivas al Gobierno norteamericano con la pretensión de evitar cualquier progreso en las relaciones con la isla.
Por su parte, la representante permanente alterna de Cuba ante la ONU, Ana Silvia Rodríguez, señaló que esa ley pretende internacionalizar el bloqueo estadounidense por medio de medidas coercitivas contra terceros países.
Esto con el fin de interrumpir relaciones de inversión y comerciales con Cuba y someter a Estados soberanos a la voluntad de Washington, escribió en su cuenta oficial en Twitter.
La Ley Helms-Burton -firmada el 12 de marzo de 1996, por el entonces presidente norteamericano William Clinton- codificó el bloqueo contra Cuba y fortaleció su alcance extraterritorial, rememoró.
Hasta la fecha, apuntó Rodríguez, constituye un ataque directo a la soberanía de mi país y a su sistema político y económico, además de que pretende recuperar el dominido de Estados Unidos sobre la isla caribeña e incorporarla a su estrategia geopolítica.
Justo en el día de hoy se cumplen 25 años de la firma de la estadounidense Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, o Helms-Burton como se le conoce.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó en Twitter que el mecanismo aún mantiene sus propósitos de asfixiar económicamente a la nación caribeña e imposibilitar su desarrollo.
Tal legislación norteamericana ataca la soberanía de terceros países e intenta destruir a la Revolución cubana, recalcó el mandatario.
En mayo de 2019, la administración de Donald Trump activó el Título III de la Ley Helms-Burton, el cual permite radicar demandas en cortes estadounidenses contra personas o entidades que realicen transacciones con propiedades norteamericanas nacionalizadas por Cuba luego de enero de 1959.
Precisamente, la extraterritorialidad en su aplicación es una de las cuestiones que la convierte en violatoria de numerosos estatutos del derecho internacional acerca de las relaciones políticas y económicas.
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