Áñez se acogió a su derecho al silencio durante la toma de declaraciones por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, investigados en el proceso sobre el golpe de Estado perpetrado contra el presidente Evo Morales en 2019 y las masacres de las ciudades Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz).
Personal de la Defensoría del Pueblo llegó a la Fiscalía Departamental para verificar que las declaraciones de la exmandataria se llevaran conforme a la ley, según Bolivia TV.
La detenida fue llevada de regreso a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en La Paz y se espera el proceder del Ministerio Público.
Horas antes en la ciudad de Trinidad, departamento del Beni, Áñez fue encontrada escondida en una caja para burlar el intenso operativo policial realizado en el marco de las investigaciones, según informativos locales.
También los exministros de facto Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía), detenidos y procesados por el mismo caso, se acogieron al silencio ante la Fiscalía.
Igualmente pesan órdenes de aprehensión en contra de los extitulares Yerko Núñez (de la Presidencia), Arturo Murillo (de Gobierno) y Luis Fernando López (de Defensa); los dos últimos no se encuentran en Bolivia.
Áñez dijo a los medios que su captura se trata de un ‘amedrentamiento político’ por parte del gobernante Movimiento al Socialismo, pero el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo negó que las aprehensiones de Áñez, Coimbra y Guzmán respondan a una persecución política.
Del Castillo acotó en conferencia de prensa que sólo se hizo cumplir una orden emitida por el Ministerio Público por un caso que se investiga desde diciembre de 2020.
‘Es un proceso que ha seguido su curso durante la gestión hasta el día de hoy y serán las autoridades judiciales las que continúen la investigación y definan la situación de las personas que han sido aprehendidas’, sentenció el titular de Gobierno.
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