Sostuvo que la medida requiere de peligro de fuga y este, alegó, no existe porque su pasaporte lo entregó a la Fiscalía y ha probado su arraigo en el país, con hechos como su candidatura al Parlamento en las elecciones generales del próximo 11 de abril.
Vizcarra acusó al fiscal que pidió su prisión preventiva de actuar contra su candidatura, buscar notoriedad y carecer de argumentos para encarcelarlo, lo cual, sostuvo, no va a prosperar.
Como casi todos los exgobernantes y otras figuras políticas investigadas o juzgadas por corrupción, el exmandatario se declaró víctima de persecución política de sus adversarios, quienes antes intentaron que el Jurado Nacional de Elecciones anulara su postulación.
También, alegó que acudió a declarar ante Juárez las cinco veces que fue convocado, respondió sus preguntas y le entregó su pasaporte y la lista de sus propiedades, colaborando así con las investigaciones.
El fiscal pidió el jueves último la prisión preventiva como paso previo a preparar su acusación formal por delitos como cohecho y otros, por recibir sobornos, según empresarios que reconocen haberlos pagado a cambio de contratos de obras públicas en la sureña región de Moquegua, cuando el político era gobernador allí.
A causa de esas acusaciones, Vizcarra fue destituido por el Parlamento en noviembre de 2020, pese a que sectores de centro e izquierda planteaban la posibilidad de dejarle terminar su gobierno y después juzgarlo para evitar la crisis política que obligó a renunciar a su sucesor, el derechista Manuel Merino.
El exmandatario es objeto además de un proceso parlamentario en el que, ante una mayoría adversa, puede ser inhabilitado para ejercer cargos en el Estado hasta por 10 años, por haberse vacunado contra la Covid-19 de forma irregular y clandestina. Además, tiene otra investigación de la Fiscalía por tráfico de influencias, por patrocinar la contratación irregular de un dudoso cantante como consultor del Ministerio de Cultura.
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