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Colombia, el credo de cada día

La Habana, 14 mar (Prensa Latina) Asesinatos selectivos y masacres acontecen a diario en este país ante la mirada pasiva de un Gobierno tan responsable de esas muertes como los paramilitares y narcotraficantes ejecutantes.
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El cese de las hostilidades entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FAR-EP), en 2016, tras la firma del Acuerdo de Paz, terminó con décadas de conflicto armado. Sin embargo, luego de la desmovilización de aquella fuerza insurgente, las zonas quedaron a merced de grupos armados ilegales.

Esa es una de las razones por las que aumentaron los niveles de violencia, secuela de la puja por obtener el control de esas regiones, en las que suceden la casi totalidad de los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y partidarios de la paz, exguerrileros y activistas medioambientales.

Con lo anterior coincide el informe de Naciones Unidas donde se reporta la preocupación de ese organismo internacional por el incremento de la violencia desde 2014, año en que las FAR-EP declara un cese al fuego unilateral.

La entidad señaló que durante el 2020 Colombia fue escenario de 76 masacres, en las que perdieron la vida 292 personas, además el homicidio de 133 líderes sociales y defensores de derechos humanos y 73 desmovilizados de las guerrillas.

Las cifran difieren mucho de las aceptadas por el gobierno de Iván Duque, que fija en 66 la cantidad de líderes sociales y defensores de derechos humanos ultimados durante el pasado año; mientras que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reporta 310 en igual periodo.

El comportamiento de esos indicadores en 2021 muestra que la situación continúa, con el asesinato de 31 líderes sociales y defensores de derechos humanos, 10 exguerrilleros ultimados o desaparecidos, y 16 masacres con alrededor de 60 víctimas.

La actual administración minimiza el impacto de la violencia en el país suramericano. Desconoce la existencia del conflicto interno, no solo entre el Estado, el paramilitarismo y el narcotráfico, sino también con el insurgente Ejército de Liberación Nacional, fuerza que opera desde mediados de la década de 1960.

Así pretende evadir la responsabilidad de los cuerpos castrenses, implicados de manera directa en miles de muertes como, por ejemplo, los llamados falsos positivos, tema muy delicado porque implica a altas esferas de varias administraciones colombianas y de la cúpula militar.

(Tomado de Orbe)

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