En el marco de sus atribuciones y competencias, el organismo emitió las citaciones y órdenes de aprehensión contra la exmandataria Jeanine Áñez y miembros de su gabinete como presuntos implicados en la ruptura constitucional de fines de 2019, explica la autoridad.
La Fiscalía de La Paz siguió el caso a partir de lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política de Bolivia y se respetaron en todo momento los derechos conforme al Código de Procedimiento Penal y los estándares internacionales, precisa Gutiérrez mediante un comunicado.
Agrega que luego de haber dictado las citaciones de ley, algunos de los sujetos señalados se fugaron del país, por lo cual para evitar el abandono de otros y garantizar su presencia durante la investigación, así como impedir que los mismos obstaculicen el proceso, se emitieron las órdenes de aprehensión.
Este procedimiento no responde ni se ajusta a una persecución política sino a los actos propios de una investigación promovida ante una denuncia, aclara a la opinión pública la Fiscalía.
El Ministerio Público es una institución que realiza su trabajo con base en los principios de objetividad, legalidad, transparencia e imparcialidad, concluye el comunicado.
Entre el viernes y la madrugada del sábado último fueron aprehendidos Áñez y los extitulares Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía) por su presunta participación en las acciones contra el Ejecutivo de Evo Morales.
Una juez dictó la víspera contra ellos detención preventiva por cuatro meses ante supuestos delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
A pesar de la investigación por las denuncias sobre los 36 muertos, más de 800 heridos, perseguidos y torturados en octubre y noviembre de 2019, fuerzas opositoras a la actual administración encabezada por Luis Arce dirigen quejas o denuncias a instituciones internacionales y anuncian movilizaciones de protesta en las calles.
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