El proceso de compra de municiones es público y en su totalidad asciende a más de 35 mil dólares, de ellos poco más de 73 mil para los proyectiles de goma.
También se tramita la adquisición de gases lacrimógenos en forma de granadas de mano, aerosol, y para lanzador automático.
La operación llama la atención en medio de la ola de protestas sociales que tiene por escenario a esta capital y otras ciudades importantes del país, reprimidas por los uniformados con el saldo de un fallecido y decenas de heridos y detenidos.
Los manifestantes exigen la dimisión del presidente Mario Abdo Benítez y su gabinete, a quienes acusan de corrupción y mala gestión de la crisis sanitaria relacionada con la Covid-19, enfermedad que colapso los centros de salud del país.
El uso de la fuerza y medios represivos por parte de los uniformados es cuestionado por el senado de la República que presentará esta semana la solicitud de informe al ejecutivo y al Ministerio del Interior sobre el uso de balas de goma.
La iniciativa fue presentada por la bancada del Frente Guasu (alianza de partido de izquierda) a raíz de la cantidad de manifestantes reportados con daños causados por impactos de proyectiles de este tipo, principalmente en los ojos.
El pedido incluye conocer el protocolo a seguir por las fuerzas del orden ante manifestaciones públicas y el uso de armas, y los nombres, grados y cargos de los mandos que autorizaron a disparar balas de gomas.
La cámara alta del legislativo también demanda información sobre si hay investigación alguna en curso para determinar los responsables directos de los hechos.
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