El bloqueo a la adquisición del carburante afectó el funcionamiento de las cadenas de suministro alimentario, la capacidad logística del transporte de carga y pasajeros y la generación de electricidad, de acuerdo con un informe del Instituto Samuel Robinson.
La incorporación del diésel como objeto de las sanciones estadounidenses inició a finales de octubre de 2020, cuando el enviado especial de Washington para Venezuela, Elliot Abrams, admitió acciones en esa dirección.
Según Abrams, la administración de Donald Trump trabajaba en función de suprimir los intercambios de diésel entre la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus aliados comerciales Repsol (España), ENI (Italia) y Relliance (India), reseña un artículo publicado por el centro de estudios para el Pensamiento Original.
El consumo de este combustible en la nación sudamericana se distribuye principalmente entre la redes de trasportación de carga de alimentos, medicinas y otros bienes de consumo, así como el movimiento de pasajeros y la generación de energía eléctrica.
Ante este escenario, el bloqueo a la importación de diésel comprometería la seguridad alimentaria del país al generar obstáculos a la distribución de esos insumos desde los ejes productivos hacia los principales enclaves poblacionales.
Asimismo, en medio de la pandemia de Covid-19, estas acciones punitivas comprometen gravemente la capacidad de atención sanitaria del Estado y multiplica los riesgos de fallecimientos, subrayó la fuente.
Agregó que diversas organizaciones gremiales y patronales alertaron sobre los efectos perjudiciales de la medida en áreas sensibles del funcionamiento del país.
El informe del Instituto Samuel Robinson concluye que el conflicto en torno al diésel debilita la retórica de que las denominadas sanciones solo afectan al Gobierno de Venezuela, además de comprometer la imagen benefactora de Estados Unidos y exponer su responsabilidad en el agravamiento de la crisis económica.
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