Las acciones desestabilizadoras fueron sincronizadas con una feroz campaña mediática en la que se involucraron más de mil 300 medios en la difusión de noticias falsas, con el objetivo de satanizar al Estado y ocultar la realidad.
A las protestas, el Gobierno sirio respondió con la aprobación de reformas que incluyeron, entre otras, subida de sueldos, bajar precios de hidrocarburos, suspender estado de emergencia, aprobación de una ley de partidos políticos, y una enmienda en la Constitución.
También, se aprobó una moderna ley de prensa y nuevos sistemas de administración municipal que resumían las principales demandas de la población.
Tras el anuncio de las reformas las protestas disminuyeron, pero a cambio, aumentó la injerencia de países occidentales y de la región para atizar nuevamente a la población contra su Gobierno con el objetivo de derrocarlo y sustituirlo por otro marioneta a las órdenes de Estados Unidos y sus aliados.
Tras fracasar en obtener una aprobación en la ONU para llevar a cabo una intervención militar directa gracias a los vetos de China y Rusia, los enemigos de esta nación facilitaron el flujo de decenas de miles yihadistas procedentes de más de 100 países, además de financiar y armar a grupos de extremistas mercenarios.
Agrupaciones terroristas de diferentes denominaciones, apoyadas por las potencias del petrodólar, pudieron hasta 2015 ocupar casi la mitad del territorio sirio, donde impusieron ideologías oscurantistas sobre una población que poseía antes de la guerra uno de los mejores niveles educativos y sociales en la región.
El ejército sirio logró a partir de septiembre del 2015 frenar el avance yihadista con el apoyo legítimo de sus aliados Rusia, Irán y el Movimiento de Resistencia Hezbolá, liberando del terrorismo la mayor parte del territorio sirio, mientras queda un solo foco yihadista en la provincia Idlib.
El avance de los militares desenmascaró a las potencias involucradas en la guerra cuando acudieron a la ocupación directa de partes del territorio sirio, en una flagrante violaciones del derecho internacional y apoyándose en grupos de mercenarios con tendencias separatistas o extremistas.
Tras el empleo de métodos sin precedentes de guerra mediática, política y militar, pasaron ahora a una nueva fase de guerra económica mediante la imposición de bloqueo y sanciones que fueron endurecidas mediante la llamada Ley César, aprobada contra Siria en medio de la pandemia de la Covid-19.
A pesar de las adversidades y los limitados recursos, el Gobierno sirio trabajó desde 2015 para garantizar un retorno digno de sus ciudadanos desplazados por las acciones terroristas.
En este sentido, un millón de sirios regresaron del exterior y cuatro millones 900 mil desplazados internos volvieron a sus hogares en zonas liberadas donde se restablecieron los servicios básicos, particularmente los de salud y educación.
La reconstrucción es también una tarea difícil teniendo en cuenta la gran devastación y el bloqueo, sin embargo, Siria logró solo en 2020 reconstruir cinco mil 500 viviendas, 14 hospitales, 48 clínicas, 24 panaderías públicas y 868 escuelas, mientras se ejecutaron 148 proyectos de servicios.
A pesar del todo el panorama complejo, los sirios saben muy bien que gracias a su resistencia está naciendo un nuevo orden mundial en el que no hay lugar para la hegemonía; y aseguran que con simplemente parar la injerencia externa, Siria será reconstruida y recuperará su rol como actor importante en la región.
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