En un contexto de recesión económica y caída de los ingresos por exportaciones, es preciso seguir una política fiscal prudente, estimó el ministro de Estado para la Coordinación Económica, Manuel Nunes Júnior, citado por la agencia angoleña de prensa (Angop).
A juicio del funcionario, la deuda pública (interna y externa) constituye una gran limitante para los esfuerzos de desarrollo nacional; en 2018, el cumplimiento de las obligaciones de pago representó el 59 por ciento del gasto total del presupuesto, ejemplificó.
Dicha proporción bajó del 59 por ciento en 2018 al 55,9 en 2020, y se prevé que en 2021 llegue a 52,5 puntos porcentuales; es decir, la tendencia es decreciente, pero el peso de la deuda, opinó, todavía muestra altos niveles.
Al decir del Ministro de Estado, en 2020 Angola dio pasos importantes en la reestructuración de su deuda externa, lo cual aseguró a la tesorería un margen de maniobra más holgado.
Entre los hechos relevantes, distinguió la adhesión a la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, propuesta por el Grupo de los 20 (G-20), y la negociación con los principales acreedores, que concentran alrededor del 55,2 por ciento del servicio de la deuda externa.
En el plano interno, medidas de ajuste fiscal permitieron reducir el déficit presupuestario en años recientes, luego de registrar en 2017 una correlación negativa equivalente al 6,9 por ciento del PIB.
Durante 2018 y 2019, destacó, Angola logró saldos presupuestarios positivos, pero en 2020 cerró con un déficit fiscal de 1,5 puntos porcentuales debido fundamentalmente al impacto de la Covid-19.
Para exhibir niveles sostenidos de crecimiento, consideró, hay que diversificar la economía nacional, la cual depende casi de un solo producto para sus ingresos en divisas (el petróleo) e importa prácticamente todo lo que consume.
De 2003 a 2014, ilustró, los gastos anuales en inversiones públicas ascendieron a un promedio de nueve mil millones de dólares, a partir fundamentalmente de los aportes de la rama petrolera, con un precio medio de 102 dólares por barril de crudo.
En el período de 2015 a 2019, la inversión pública cayó a un promedio anual de cinco mil millones, dado el declive en las cotizaciones del producto, cuyo valor de venta anual apenas llegó a una media de 57 dólares por tonel.
Programas de gobierno, apreció, respaldan esferas como agricultura, industria, turismo, construcción y pesca; ‘queremos avanzar de forma rápida y segura en este proceso de diversificación económica’, concluyó.
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