De acuerdo con el documento, el deterioro de los servicios públicos durante el pasado año contribuyó a ‘profundizar las desigualdades sociales, golpeando en primer lugar a los más vulnerables, subrayando su papel esencial en la preservación de la igualdad’, resumió.
La institución, dirigida por Claire Hédon, recibió cerca de 97 mil quejas en 2020, un 60 por ciento de las cuales hacían referencia al funcionamiento de los servicios públicos, señalando una ‘deshumanización’ de la atención a los ciudadanos y desigualdades en el acceso a Internet.
El informe también resaltó los problemas para quienes viven en residencias de ancianos, debido a las fuertes restricciones de acceso a las visitas, y el recorte de derechos y libertades motivado opor el cierre de ventanillas para los solicitantes de asilo o menores no acompañados.
Hédon consideró ‘legítimo’ que el Estado disponga de los medios ‘necesarios’ para hacer frente a las emergencias sanitarias, pero teniendo en cuenta que este régimen debe ser ‘temporal, estar estrictamente regulado y respetar los principios de nuestro Estado de Derecho: legalidad, necesidad y proporcionalidad’, señaló.
Por último, la institución registró un aumento del 10,5 por ciento en los casos relacionados con la ‘ética de la seguridad’, con más de 2 mil 100 quejas, la mayoría de las cuales se referían a la actuación de la policía, y recordó que este tipo de denuncias aumentaron en casi un 210 por ciento desde 2014.
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