El texto, elaborado por la comisión legislativa a cargo del tema, se denomina: Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y consta de cuatro libros destinados a garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de ese grupo, indicó en un boletín el Parlamento.
Principios, Derechos y Garantías; Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en sus Relaciones de Familia; del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia; y Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes y Justicia Especializada, son los tópicos contenidos en el documento.
De acuerdo con el máximo órgano legislativo, el informe presentado al pleno destaca que el nuevo reglamento tiene como base legal la Constitución, la Convención sobre Derechos del Niño, el Código de la Niñez y Adolescencia 2003 y recomendaciones a fin de generar protección integral.
El Código establece principios y normas sustantivas y procesales hacia el ejercicio efectivo de los derechos de ese sector de la sociedad en consonancia con las leyes ecuatorianas e instrumentos internacionales.
Asimismo, determina principios rectores y lineamientos generales que orientan las políticas públicas en ese sector y desarrolla los mecanismos para fomentar la participación de la sociedad en la prevención, garantía, protección, restitución y reparación de sus derechos.
Entre sus puntos relevantes contiene medidas de protección especial, con énfasis en casos de violencia y abusos sexuales, al tiempo que fortalece los Consejos de Protección con capacidad de desarrollar medidas especializadas.
Al respecto, comprende un punto relacionado con de la despenalización del aborto para embarazos por violación de menores hasta 18 años, sobre lo cual el equipo parlamentario ratificó la disposición reformatoria cuarta del proyecto, que plantea añadir un texto en el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal referente al aborto no punible.
También establece el incremento de la asignación de recursos, destinados en especial a la educación, salud y protección especial contra todo tipo de violencia y fortalece la administración de justicia especializada en materia de niñez y adolescencia con disposiciones como incrementar la edad mínima de responsabilidad penal de 12 a 14 años.
La propuesta reemplazaría a la regulación vigente, que data de 2003.
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