Formados inicialmente para luchar contra el complot parlamentario judicial que destituyó a la expresidenta Dilma Rousseff en 2016, los comités convocaron a plenos virtuales para instaurar un amplio movimiento de lucha contra los defensores del golpe castrense.
Según los organizadores, habrá movilizaciones en varias capitales. En Facebook está programado un evento para el día 31, a las 13:00 hora local, en la Avenida Paulista, en el centro del estado de Sao Paulo.
Recientemente la diputada federal Natália Bonavides consideró inadmisible el uso del aparato público para intentar legitimar la acción golpista militar que viola la Constitución Federal y el Estado de Derecho democrático.
El Tribunal Regional Federal de la V Región (TRF-5) anuló una decisión que impedía al Gobierno federal celebrar la revuelta marcial que impuso una dictadura hasta 1985.
Por cuatro votos a uno, los magistrados de la tercera sala revocaron la medida cautelar que determinó la retirada de una nota publicada en la web del Ministerio de Defensa conmemorando la fecha.
Tal decisión en primera instancia resultó tomada en abril del año pasado, pero el Gobierno federal apeló y el colegiado aceptó los argumentos de la Abogacía General de la Unión.
La nota del 31 de marzo de 2020, firmada por el ministro de Defensa, general Fernando Azevedo e Silva, y los tres jefes de las Fuerzas Armadas calificó el golpe de ‘hito de la democracia brasileña’.
Para Bonavides, la determinación del TRF-5 resulta incompatible con los parámetros constitucionales.
‘La Constitución reconoce la dictadura y es una tesis jurídica pacífica que la libertad de expresión no protege los discursos que violan los derechos humanos. Esta decisión da permiso al Estado para utilizar el aparato institucional y los recursos públicos para exaltar un régimen que mató, violó y torturó’, alertó la parlamentaria.
La Comisión Nacional de la Verdad, creada por ley en 2014, presentó su informe final y concluyó que la práctica de detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones, desapariciones y ocultación de cadáveres eran el resultado de una política estatal contra la población civil, calificándolas de crímenes de lesa humanidad.
En total, se identificaron 434 casos de muertes y desapariciones de personas bajo la responsabilidad del Estado brasileño durante el periodo 1946-1988. En el capítulo referido a la autoría de graves violaciones de los derechos humanos, enumeró 377 agentes públicos directamente implicados en los delitos cometidos.
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