Resulta necesario aclarar el asunto, precisó Costa al reiterar que violan la carta magna las legislaciones aprobadas por la Asamblea de la República (parlamento), y refrendadas el domingo por el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa.
Los cuerpos aprobados alargan el universo y el ámbito de los apoyos sociales previstos para los trabajadores independientes, gerentes y empresarios a título individual, otro aumenta las subvenciones a los padres acogidos al teletrabajo.
En tanto, el último extiende las prestaciones a los profesionales de la salud y la recuperación de los cuidados primarios y hospitalarios relacionados con la enfermedad, ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2.
Las tres legislaciones recibieron el visto bueno a pesar del voto contrario del partido Socialista, del primer ministro.
Aclaró que no cuestionan el mérito de las leyes, sino la violación de la Constitución, que impide una modificación de los gastos e ingresos durante la ejecución presupuestaria.
Desde la residencia oficial en Sao Bento, en Lisboa, Costa dijo que el incremento del gasto social se asumió sin el aumento de los impuestos, sin cortes en la inversión pública, ni en los salarios ni en las pensiones.
El gobernante recordó que en menos de un año el país pasó del primer excedente presupuestario después de la derrota de la dictadura (abril de 1974) en 2019 a un déficit de 5,7 por ciento, el año pasado.
Aclaró que considera las medidas un esfuerzo presupuestario completamente justificado en medio de esfuerzos por apoyar la preservación del empleo, la supervivencia de las empresas y los ingresos familiares.
Costa dijo que la acción parlamentaria sienta un precedente peligroso de alterar los presupuestos, lo cual hace pensar en la inseguridad jurídica y una desconfianza en las instituciones.
Entre las primeras reacciones, el Bloque de Izquierda (BE) calificó el pedido de fiscalización al máximo tribunal una querella política con el parlamento y un juego partidista que no ayuda en nada a las 130 mil personas beneficiadas.
Si no hay problemas con el dinero (40 millones de euros mensualmente), se reconoce la necesidad de la medida, entonces solo es un juego, expresó el líder en el legislativo del BE, Pedro Filipe Soares.
La ley es para cumplirla y el gobierno no está al margen de la ley, por lo tanto tiene que pagar las ayudas que fueron aprobadas en la Asamblea y promulgadas por el presidente, precisó Soares en declaraciones a los reporteros.
Desde el comienzo de la pandemia, en Portugal enfermaron 821 mil personas, y, de ellas, fallecieron 16 mil 800.
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