La detención ocurrió durante esta madrugada, cuando la instancia ejecutó allanamientos en las ciudades de Quito y Guayaquil en la indagación de posibles actos de corrupción en las empresas Petroecuador, la Contraloría y la Secretaría de la Presidencia.
Según adelantos de la Fiscalía, en la requisa los agentes levantaron indicios a partir de documentos, dispositivos electrónicos, información financiera, computadoras, celulares, dinero y cajas fuertes, entre otros.
Las operaciones lideradas por la Fiscal General, Diana Salazar, en las que participaron 25 equipos en coordinación con unidades de la Policía Nacional, forman parte de un proceso indagatorio iniciado en junio de 2019.
En las redes sociales, múltiples personas saludaron la decisión, pese a considerarla tardía, entre ellos el abogado Alejandro Rodas, representante del Frente de perjudicados por la Contraloría General, quien señaló en declaraciones a la prensa que desde hace un año señala esos posibles actos corruptos.
‘El sustento básicamente ha sido el desvanecimiento de glosas (procesos legales), de manera antitécnica, con fines de extorsión y persecución, sobre todo usando una entidad que debía ser de lucha anticorrupción y transparencia, para blindar a unos y perseguir a otros’, aseguró.
Al respecto, amplió que sus denuncias responden fundamentalmente a ilícitos de Petroecuador y Petroamazonas, con fines extorsivos y perjuicios al estado ecuatoriano.
‘Quienes sufrimos esta persecución criminal, sabemos el trasfondo: Celi fue arma de persecución y garantizó impunidad. Denunciamos públicamente hace dos años la corrupción de Celi, pero Fiscalía actúa recién después de elecciones. Se viene el contralor de Lasso’, aseguró de su lado la asambleísta electa Victoria Desintonio.
Como resultado de las acciones desplegadas por la Fiscalía además de los allanamientos fueron arrestadas ocho personas.
De acuerdo con el Código Penal la pena para responsables de organizaciones ilícitas con fines de obtener beneficios personales de tipo económico o de otra índole es de entre siete y diez años de prisión.
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