La objeción de conciencia permite al funcionariado público rechazar cualquier capacitación que considere chocante con sus convicciones religiosas, morales o éticas, y fue apoyada por Alvarado para contar con los votos de las fracciones pentecostales para la propuesta legal de Empleo Público, que analiza la Asamblea Legislativa.
Por esa cláusula, la comisionada presidencial ad honorem para Asuntos LGBTIQ (Lesbianas y Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales y Queer) de Costa Rica, Margarita Salas, renunció este lunes y en carta a Alvarado afirma que ‘como activista feminista y LGBTIQ no puedo continuar trabajando de la mano con una administración que en lugar de proteger los derechos humanos los está vulnerando’.
Tras asegurar que introducir esa cláusula en la legislación descabeza la única protección disponible para que la capacitación en el sector público sea tanto un derecho como un deber, Salas subraya que la objeción de conciencia abre ‘un peligroso portillo’ a ‘grupos fundamentalistas y anti-ciencia’.
Poco después, varias organizaciones LGBTIQ aseguraron en un comunicado que ‘el repudiable canje de la ciencia y los Derechos Humanos en el proyecto de ley de Empleo Público es una bofetada presidencial para toda la comunidad que le creyó que nunca más iba a caminar sola’.
Como organizaciones firmantes repudiamos las acciones del presidente Alvarado, quien hoy intenta minimizar la importancia que reviste la formación, información y educación de quienes integran el aparato estatal, el cual, en su gestión administrativa y judicial, debe ser garante de los derechos humanos.
Adelantan que ‘como comunidad organizada, tomaremos acciones contundentes y acudiremos a las instancias necesarias, con el fin de proteger el avance de los derechos humanos y la ciencia, que nunca más serán moneda de cambio para los despropósitos de un gobierno voluble e incongruente’.
Los firmantes del comunicado exigen al presidente y a la fracción legislativa oficialista retirar el apoyo a iniciativas que van en detrimento de la progresividad de los derechos de toda las personas y que desnaturaliza la gestión pública y debilita al Estado Social de Derecho.
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