En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, Sánchez confirmó la ampliación de estas medidas excepcionales, que expiraban el 9 de mayo con el fin del estado de alarma, en vigor desde octubre para enfrentar el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.
El político socialdemócrata acudió este miércoles a la Cámara Baja para dar cuenta del estado de alarma y presentar el plan de recuperación económica para superar la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.
Con esta prórroga, se alargará la posibilidad de solicitar moratoria o condonación parcial de la renta de alquiler de vivienda cuando el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública, explicó el mandatario.
También se ampliará tres meses la suspensión de desahucios y lanzamientos de arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional.
Esto incluye a aquellos hogares sin contrato cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia de género o menores a cargo, si así lo considera un juzgado.
Sánchez subrayó que a estas iniciativas para garantizar ‘una vivienda digna y adecuada’ se sumará dentro de poco la primera ley estatal de vivienda.
Según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), durante la última década el perfil de las personas desahuciadas de sus casas mutó de manera considerable.
Al principio eran familias que no podían hacer frente al pago de sus hipotecas, pero ahora son en su mayoría (alrededor de un 70 por ciento) inquilinos a quienes no les alcanza para pagar el alquiler, señaló la organización por el derecho a la vivienda.
En diciembre de 2020, el Gobierno de coalición progresista español dio luz verde a no ejecutar los procedimientos vinculados al impago del alquiler a las familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el fin del estado de alarma (9 de mayo).
Dicha medida, incluía la suspensión de los desalojos de ocupantes sin contrato de viviendas vacías de grandes tenedores o propietarios de más de 10 inmuebles.
Desde su nacimiento en 2009, la PAH viene reclamando a la clase política española legislar con urgencia una solución para frenar ese drama social, iniciado tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.
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