La normativa rubricada el 7 de mayo de 2020 por la exmandataria de facto Jeanine Áñez, dio luz verde al uso de granos modificados genéticamente en el maíz, trigo, soya, caña de azúcar y algodón, una decisión rechazada en aquel momento por más de un centenar de instituciones y organizaciones productivas.
‘Eliminamos el abuso del gobierno de facto anterior, que introdujo con un solo decreto y sin sonrojarse, toda la cadena de transgénicos en nuestro país, en trigo, maíz, en todo’, declaró Arce durante la inauguración de la ‘Expo Feria de Nuestra Madre Tierra’.
Precisó que la disposición legal entró en vigor este miércoles, junto con un Decreto Supremo para la protección de la fauna salvaje nacional.
El uso de semillas transgénicas constituye una violación de la Constitución Política del Estado y acuerdos internacionales, además de poner en riesgo la salud de los bolivianos y la diversidad biológica del país.
Por ejemplo, el glifosato, un agrotóxico empleado en el 85 por ciento de los cultivos transgénicos, es altamente nocivo para la salud humana según estudios científicos y médicos avalados por la Organización Mundial de la Salud.
Por otra parte la Carta Magna del país suramericano establece que es obligación del Estado ‘garantizar la seguridad alimentaria mediante una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población’.
Bolivia sólo autorizó hasta la fecha la producción de la soya RR1 por su resistencia al glifosato.
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