Tras el anuncio del exdiputado prófugo de la justicia Julio Borges, de que algunos de los miembros del pretendido interinato del expresidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, no recibirían dinero por sus cargos ficticios, se desató una intensa polémica en la ya deteriorada fracción de la derecha venezolana.
Ante las perspectivas de perder el financiamiento por ser representantes del supuesto Gobierno interino, más de uno expuso en medios de prensa y redes sociales algunas interioridades de sus tramas de corrupción.
A todo ello se une la denuncia hecha la pasada semana por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sobre un plan de Guaidó y sus colaboradores para robar más de 53 millones de dólares del dinero de la nación, retenido en Estados Unidos, al cual pudieron acceder con la complicidad de Washington.
De acuerdo con las declaraciones del parlamentario, el opositor Sergio Vergara, quien fuera mano derecha del expresidente de la Asamblea, se reunió con los exdiputados para armar un plan y robarse ese dinero.
Rodríguez presentó además un vídeo donde se asegura que el llamado grupo técnico del G4 (conformado por Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo) elaboraba un presupuesto dirigido a la Oficina de Activos Extranjeros de Estados Unidos.
La maniobra tendría como objetivo recibir dinero de parte del despacho adscrito al Departamento del Tesoro por las supuestas actividades gubernamentales, el cual se embolsarían para su beneficio personal.
Posteriormente, en una rueda de prensa, detalló que el propio Borges, Freddy Guevara, Carlos Vecchio, Alfonso Marquina, Luis Florido e incluso el hermano de Guaidó, son algunos de los que recibirían o reclamaban parte de ese dinero.
Añadió también que la cúpula de la oposición hizo una oferta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para ‘lavar unos fondos’, pero le estaban cobrando 12 millones de dólares por el servicio, el cual consideró muy caro.
En tanto, la agencia estadounidense Associated Press (AP) reveló el viernes pasado que la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, está implicada en un importante caso de corrupción que involucra a un empresario venezolano.
Ortega no es mencionada por su nombre en el caso, pero tras declararse culpable de conspiración para defraudar a Estados Unidos, el empresario Carlos Urbano Fermín admitió haber pagado a un ‘fiscal de alto rango’ en Venezuela como ‘seguro’ contra cualquier investigación de sus contratos de construcción.
Dichas declaraciones confirman la denuncia realizada por el presidente Nicolás Maduro en 2017, cuando señalaba a la exfiscal por liderar junto a su pareja Germán Ferrer una red de sobornos contra personas acusadas por corrupción en el manejo de negocios relacionados con el sector petrolero.
Este caso revela apenas una arista de las conjuras realizadas por la extrema derecha venezolana en torno a esa importante industria nacional, una de las cuales fue revelada por The Washington Post, en enero, la cual implicaba además al Gobierno paraguayo y un funcionario argentino.
El diario estadounidense aseguraba que tras entrevistar una veintena de personas se demostró que Javier Troconis, comisionado presidencial para la Gestión de Activos del gobierno interino, se puso en contacto con funcionarios paraguayos para condonar la mitad de la deuda que ese país tenía con Petróleos de Venezuela S.A.
Según el reporte, a cambio de ello debían pagar una comisión de 26 millones de dólares para el abogado argentino Sebastián Vidal, quien en noviembre de 2019 se reunió en la sede del Ejecutivo paraguayo con Juan Ernesto Villamayor, exministro del Interior y actual jefe de gabinete del presidente Mario Abdo Benítez.
Durante los últimos dos años, más de una veintena de escándalos y acusaciones, dentro y fuera del país, han salpicado a la cúpula opositora venezolana, la cual durante el periodo legislativo de 2016-2021, se dedicó a saquear los recursos nacionales, mientras promovía invasiones y bloqueos externos.
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