El presidente Luis Arce anunció el jueves pasado la abrogación de la normativa aprobada durante el régimen de facto (2019-2020) y que sería aplicada en cultivos de maíz, trigo, soya, caña de azúcar y algodón, considerados la matriz alimentaria del país suramericano.
‘Eliminamos el abuso del gobierno de facto anterior, que introdujo con un solo decreto y sin sonrojarse, toda la cadena de transgénicos en nuestro país, en trigo, maíz, en todo’, declaró Arce.
La decisión generó polémica en los medios de comunicación, sobre todo entre los productores del departamento de Santa Cruz, principal región agrícola de Bolivia, quienes alegaron que otras naciones como Argentina, Brasil y Paraguay llevan más de una década utilizando semillas modificadas genéticamente.
Aseguraron que podrían triplicar sus rendimientos anuales en hasta 12 millones de toneladas de granos.
Por otra parte, agricultores indígenas rechazaron junto a varias instituciones el uso de transgénicos y recordaron que, en el caso del maíz, la nación andino-amazónica cuenta con más de 77 variedades, fuente de alimento para sus más de 11 millones de habitantes y estaría en riesgo de contaminación por los agroquímicos.
Expertos alertaron que, de incrementar las producciones agrícolas, sería necesario talar mayor cantidad de árboles. De acuerdo con el Centro de Documentación e Información, la tasa de deforestación es de 300 mil hectáreas anuales.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, alertó sobre el equilibro entre la Madre Tierra y los seres humanos y, más allá de un debate solamente científico, ‘tiene que haber un debate sobre la cosmovisión de los pueblos, sobre la forma de vida que los pueblos estamos adoptando dentro de Bolivia’, afirmó.
Cruz agregó que, pese al avasallamiento de la modernidad, en Bolivia todavía subsisten estos valores y el intento de tener un equilibrio.
Asimismo, el analista ambiental Andrés Frías aseguró que los transgénicos constituyen ‘una amenaza a la historia de los productos variados del país porque contaminan el medio ambiente por el uso de otros pesticidas’.
En declaraciones al canal estatal Bolivia TV, Frías destacó la abrogación del Decreto Supremo 4232, una decisión que protege el patrimonio genético agrícola boliviano, reafirmó.
La Constitución Política del Estado prohíbe la producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos que dañen la salud y el medioambiente.
Por ejemplo, el glifosato, un agrotóxico empleado en el 85 por ciento de los cultivos transgénicos, es altamente nocivo para la salud humana, según estudios científicos y médicos avalados por la Organización Mundial de la Salud.
Por otra parte, la carta magna del país suramericano establece que es obligación del Estado ‘garantizar la seguridad alimentaria mediante una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población’.
Según fuentes oficiales, en 2005 se autorizó el uso de la soya resistente al herbicida glifosato y en 2019 fue aprobado el empleo del evento HB4 para el biodiesel, pero no para consumo alimentario.
oda/avs/nmr
